El PSOE andaluz se ha librado de condenas por malversar más de 200 millones al prescribir sus casos

Socialistas del PSOE de Andalucía se han librado de condenas de malversación por valor de casi 200 millones de euros en casos que han prescrito por haber pasado demasiado tiempo desde la comisión del delito hasta el juicio del mismo. Un hecho que pone de relieve que un gran número de corruptos no quedarán como tal por la lentitud de la justicia. En total, son más de 60 socialistas los que han estado imputados y que finalmente no han sido condenados por el simple hecho de haber ‘caducado’ sus tramas.

En OKDIARIO Andalucía hemos querido resumir algunos de los casos más flagrantes de todos los que no han sido juzgados por haber pasado el tiempo. El último, y del que apenas se ha hablado, es el de Santana Motor, un proceso judicial que libró a dos ex consejeros de la Junta socialista de Andalucía en una trama de ayudas presuntamente irregulares por valor de más de 100 millones de euros concedidas a esta empresa automovilística de Linares.

Santana Motor (100 millones)

La demora de los procesos judiciales volvía a librar el pasado verano a dos ex consejeros de la Junta socialista de Andalucía, José Antonio Viera y Antonio Fernández, de sentarse en el banquillo de los acusados por corrupción. En este caso, se les iba a investigar por unas ayudas ilegales de los ERE por valor de 100,66 millones de euros concedidas entre 2001 y 2010, con Manuel Chaves al frente del Gobierno andaluz, a la extinta empresa automovilística de Linares (Jaén) Santana Motor.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, dictó en junio un auto en el que se acordaba continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas relativas a las citadas ayudas autonómicas, otorgadas mediante una «administración desleal de fondos públicos». Además de declarar prescritos los hechos respecto a Viera y Fernández al haber transcurrido más de 15 años desde la propia comisión del delito (año 2003) hasta la apertura del procedimiento (2019), el juez excluyó de las actuaciones al ex consejero Francisco Vallejo y al ex viceconsejero Agustín Barberá.

Isofotón (80 millones)

La juez de instrucción que lleva el caso Isofotón archivó la causa por haber caducado. Un caso con 40 investigados acusados del desvío de al menos 44 millones de euros de los fondos públicos andaluces, y que salpican a líderes socialistas como los ministros María Jesús Montero, Luis Planas y Teresa Ribera o al propio líder del PSOE de Andalucía (PSOE-A), Juan Espadas. En total, aunque se investigaba únicamente el paradero de 44 millones, a la empresa Isofotón se le desviaron un total de 80 millones de euros de los que los andaluces no volverán a saber nada más.

Y es que la causa caducó judicialmente hablando, por lo que la juez se vio obligada a dar carpetazo al asunto que traía de cabeza a los socialistas. Entre todos ellos, caían acusaciones por cometer delitos como malversación, prevaricación o falsedad en documento público. 

La investigación se cernía sobre las irregularidades en la concesión de ayudas a una multinacional malagueña que fabricaba placas solares y que estaba prácticamente quebrada. La Junta socialista de Andalucía dilapidó al menos 44,15 millones de euros para intentar reflotar una empresa sin apenas actividad y que, efectivamente, acabó quebrando en 2014.

Residencia (2 millones)

Otro de los casos no juzgados por haber prescrito es el de una residencia de mayores con Alzheimer en el municipio de Chirivel (Almería). Según un atestado de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Guardia Civil de Almería, fue creada una «organización delincuencial» aparte para distraer el dinero público que se iba a destinar en principio a la construcción del citado centro. Desde hace ya varios años los tribunales investigaban a varios cargos del PSOE por «distraer» el citado dinero público.

Curiosamente, el dinero público fue concedido por el Ejecutivo socialista de Susana Díaz. Sin embargo, el centro únicamente pudo funcionar durante algo más de cuatro años y terminó cerrando en 2018. Un auténtico desastre que dejó en su lugar un edificio completamente abandonado y en ruinas.

Pese a la aparente evidencia del desvío, el juzgado tuvo que archivar la causa a petición de la Fiscalía, toda vez que «todos los hechos anteriores al día 20 de octubre de 2016 se encuentran ya prescritos». Con el carpetazo a este asunto, quedaron libres 15 investigados, entre los que se encuentra el que fuera alcalde de Chirivel, el socialista Cristóbal Aránega.

Cárnicas Molina  (5,83 millones)

No podemos olvidar el caso de ‘Cárnicas Molina’, que investigaba el paradero de casi 6 millones de euros y que fue archivado en 2020. El carpetazo a este asunto dejó sin cargos, entre otros, al ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, Manuel Chaves, así como a su número dos, Gaspar Zarrías. 

Este caso versaba sobre un préstamos irregular de 5,83 millones de euros que fue concedido por la Junta socialista de Andalucía en 1999 a la empresa Campocarne. Igual que en los casos anteriores, pese a las evidencias el juez archivó el caso por haber prescrito los delitos.

UGT y CCOO (6,1 millones)

UGT y CCOO adeudan más de 6 millones de euros a la Junta de Andalucía por la gestión de las Residencias de Tiempo Libre entre 2003 y 2006. Sendos sindicatos tenían que ingresar este dinero por orden judicial, pero el Juez de Instrucción número 9 de Sevilla terminó archivando la causa porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) determinó en 2017 que las posibles responsabilidades habían prescrito.

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía desistió entonces de recurrir y, por tanto, de recuperar estos fondos. Por su parte, el Ministerio Fiscal admitió que existió «una cierta desidia en el cobro de esas cantidades» por parte de la Junta socialista de Andalucía. En total, CCOO se quedó con algo más de 4 millones de euros y UGT hizo lo propio con unos 2,1 millones.

Mercasevilla (1,2 millones)

Carmelo Gómez, ex diputado del PSOE en el Parlamento de Andalucía, también se fue de rositas por quedar prescritos los delitos que se le imputaban. En esta ocasión hablamos del ‘caso Mercasevilla’, sobre el que el TSJA tuvo que dar carpetazo por ‘caducar’ la causa, dejando sin cargos a Gómez pese a estar investigado por un delito de falsedad al simular un contrato con una empresa vinculada al denominado ‘conseguidor’ de los ERE, Juan Lanzas.

En esta ocasión, la tardanza se debió a una serie de fallos que, en definitiva, dejó a los andaluces sin recuperar unos 1,2 millones de euros, correspondientes a una ayuda excepcional para cursos de formación concedida por la Junta socialista en el año 2010 a la Asociación de Apoyo a la Integración Humanistas, que pertenecía a otro socialista, Ángel Ojeda Avilés (fallecido el año pasado).